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Esquema del proceso completo de la certificación energética. (Fuente: IDAE)
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La expedición del certificado energético con su propuesta de calificación del inmueble es solo el inicio del proceso que concluye con la expedición del certificado de eficiencia energética del inmueble y su etiqueta en modelo oficial.

 

El Real Decreto establece que el técnico habilitado, tras la medición y toma de datos del inmueble, emite un certificado que lo califica y propone para él medidas de mejora de dos tipos, según su impacto energético.

 

Corresponde ahora al propietario su registro en la oficina autonómica que corresponda; eso sí, tras pagar las tasas, que según opiniones autorizadas rondarán los treinta euros.

 

El registro empieza por realizar un análisis de integridad de contenidos, que entendemos será el primer filtro por el que no pasarán muchas certificaciones basura. Si por el contrario el certificado contiene la información requerida por el Real Decreto y muestra un resultado coherente, se expide al peticionario la etiqueta energética oficial, que se atiene al modelo homologado. El propietario la unirá al certificado energético y los  conservará para atender una posible inspección, constituyendo un documento público a todos los efectos.

 

En algunas autonomías, los certificados que asignan etiquetas A, B y C deben someterse a una Entidad de Control (EC u OCA) que valide los resultados.

 

Además, el registro realiza inspecciones de una parte significativa de las certificaciones, que serán  seleccionadas mediante una aplicación informática que detecte heurísticamente posibles incoherencias. En este caso se abre un procedimiento de inspección, que no deja de ser un procedimiento administrativo más.

 

Los técnicos autonómicos visitan el inmueble, toman los datos del mismo y repiten el proceso comparando los resultados, dan audiencia al propietario (que siempre es el principal responsable) y emiten una resolución, que puede ser o no confirmatoria.

 

Si no lo es, se abre expediente sancionador por infracción en materia de certificación energética de los edificios, y el instructor afila los lápices para imponer las sanciones oportunas, según una escala que se establecerá en una próxima disposición normativa. Una perspectiva especialmente grata para los responsables de las finanzas públicas.

 

Si la propuesta técnica pasa todos los filtros, la administración actuante la hace suya y en base a sus resultados expide el Certificado de Eficiencia Energética del inmueble, que incluye la etiqueta energética en su modelo homologado.

 

El propietario, loco de contento tras haber superado tantos obstáculos, corre a exhibir orgullosamente su etiqueta recién nacida a todos los interesados en comprar o alquilar su inmueble, despertando gran admiración entre ellos y entre sus agentes inmobiliarios, que se apresuran a exponer la reluciente etiqueta en sitio bien visible junto al resto de los atributos que ya posee el inmueble. Mientras tanto los tonos dorados del crepúsculo se adueñan del paisaje, que por un momento diríase de oro…. Se cierra el telón. Final feliz

 

Ahora pasamos al “realismo sucio” en forma de conclusiones quizá demasiado lapidarias, pero en cualquier caso esclarecedoras:

Conclusión primera: el plazo del Uno de Junio se va pareciendo cada vez más a un chiste sin ninguna gracia. Porque el mismo RD da tres meses para que las CCAA implementen todo lo necesario para que las etiquetas sean legales, lo que nos lleva a exceder sobradamente el humorístico plazo fijado. El legislador se contradice a sí mismo, y lo que es peor, lo sabe.

 

Conclusión segunda: el RD, por su azarosa tramitación, esperpéntica redacción, nula divulgación pública y delirante calendario, es un firme candidato a ser la disposición legal más chapucera en muchos años.

 

Conclusión tercera: Siendo generosos, solamente un 20% de los técnicos certificadores conocen ahora mismo este trámite. Fácil es de imaginar el conocimiento de los potenciales clientes, ante la falta de información oficial mediante campañas informativas, que es la única que consideran verídica.

 

Conclusión cuarta: en este desierto panorama de absoluto silencio oficial, difícilmente el propietario se va a mover ahora mismo a encargar nada, dado que no siente ni necesidad ni obligación, y menos si supone un desembolso. Está claro que la dimensión del mercado se encuentra ahora mismo en un 1% de su capacidad. El cliente se informa, pide presupuestos, y espera.

 

Conclusión quinta: los técnicos certificadores parecen creer que esta inacción del cliente es debida a que busca precios más baratos, cuando en realidad en su mayor parte ni se ha enterado del asunto. Y quieren mover el mercado con una delirante guerra de ofertas, que lleva a devaluar y degradar el trabajo del técnico certificador hasta extremos grotescos. El mercado solo se moverá con la información y la acción pública desarrollando lo que ella misma ha legislado.

 

Conclusión sexta: los filtros del proceso de certificación y sus consecuencias parecen ser desconocidos por el técnico dispuesto a realizar certificaciones basura, por lo que se ve.

Conclusión séptima: todo procedimiento inspector se puede realizar de oficio (que es el descrito) o a petición de terceras partes denunciantes (por ejemplo vecinos o competidores que se sientan perjudicados).

 

Conclusión octava: para evitar problemas para el cliente, y por tanto para sí mismo, el técnico deberá utilizar la misma metodología que los inspectores: no inventarse datos por falta de visitas al inmueble ni por ello falsear el contenido de las certificaciones que firma.